Desde que, a mediados del siglo XIII, el barón de Montesquieu publicara su obra El espíritu de las leyes, su teoría sobre la división de poderes del Estado ha representado una garantía para la sociedad, frente a las pretensiones abusivas de los gobernantes.

Con reiterada frecuencia, en las sociedades democráticas estallan escándalos políticos en los que los gobernantes elegidos por los propios administrados, se alzan contra sus electores abusando del poder que ellos mismos se arrogan facultades intolerables, que solamente el poder judicial puede anular o limitar.

Sin embargo, la ambición de poder lleva en muchos casos a los gobernantes, a desplegar toda clase de artimañas para conseguir neutralizar a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, apropiándose de ellos y convirtiendo en monopolístico su poder, lo que lleva a la eliminación del mecanismo de frenos y contrapesos del Estado.

Desde la Asociación civil PROTEGER ESPAÑA, pretendemos crear una barrera que impida los continuos abusos de poder a los que la sociedad ya está habituada, ejerciendo la autodefensa de los españoles a través de un simple mecanismo con el que contamos: la defensa del derecho constitucional a la justicia que consagra el artículo 24 de nuestra constitución.

El área jurídica.

Los socios que, por su especial formación jurídica, deseen formar parte de esta área, prestan sus conocimientos y experiencia en materia jurídica, para representar a la Asociación en la defensa de aquellos asuntos políticos que sus rectores decidan, así como a la defensa de los asociados a los que, por su pertenencia o actividades asociativas, se les deriven o imputen responsabilidades civiles o penales.

Estos socios no perciben remuneración alguna por sus aportaciones, sin perjuicio de la posible compensación que les corresponda por los gastos en que hayan de incurrir para ello.

Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación promoverá acciones o se personará como perjudicado en aquellas otras, no promovidas por ella, contra los cargos políticos y, en su caso, contra los partidos políticos u organizaciones que representen, en los siguientes casos:

• Incumplimiento de sus programas electorales.
• Fraude electoral.
• Apropiación indebida o malversación de caudales públicos.
• Prevaricación.
• Cohecho.
• Tráfico de influencias.
• Negociaciones prohibidas.